En el año 2013, tras las reformas al COOTAD, especialmente la relacionada
a la extinción de los patronatos de los gobiernos provinciales y cantonales,
surgió una pregunta: ¿qué tipo de política social están ejecutando los Gobiernos
Autónomos Descentralizados en el territorio? Algunos se enfocaron en
la construcción de las denominadas agendas de inclusión social o agendas
de derechos, alrededor de cinco enfoques: género, discapacidad, movilidad
humana, interculturalidad e intergeneracionalidad; en cambio, otros se limitaron
a la entrega de materiales para el sustento de las familias en situación
de vulnerabilidad y exclusión social.
Frente a esta situación, se presenta una guía rápida para la gestión y planificación
de la política social en los gobiernos provinciales, la cual es producto
del trabajo que ha venido realizando la Unidad de Gestión Social, Intercultural
y Género del CONGOPE, para crear un instrumento práctico que permita
a las diversas instancias técnicas de la gestión social de los GADP, atender
de manera eficaz y eficiente a los diversos grupos de atención prioritaria y
personas en situación de vulnerabilidad en sus territorios.
Esta Guía resalta la evolución de la gestión de la política social en los gobiernos
provinciales, de su paso de una política social asistencialista y de caridad,
donde los grupos de atención prioritaria eran vistos como objetos de beneficencia
y caridad, a una política social con enfoque de derechos, donde su
voz y participación es importante.
Además, se hace una exploración y análisis de las instancias encargadas de
la formulación, coordinación, gestión y ejecución de la política social en los
GAD; su base legal, técnica, presupuesto; y una propuesta de modelo de gestión
para la formulación y aplicación de la política social en el territorio. Finalmente,
se exponen los mecanismos de participación ciudadana y control
social como parte de la planificación y ejecución de la política social.
Así pues, esta Guía se convierte en un documento tanto explicativo como
instructivo que permite al personal técnico de los gobiernos provinciales, así
como a las personas vinculadas a los temas de promoción y restitución de
derechos a nivel territorial, llevar adelante programas y proyectos de manera
más coherente y respondiendo a la realidad de sus territorios.