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El presente documento resulta altamente pertinente en una realidad constitucional que pretende afianzar el desarrollo normativo autonómico bajo criterios de legitimidad, participación y justificación. Al mismo tiempo, el texto rescata los efectos positivos de los procesos normativos desarrollados con apoyo del programa AIRAD. Entre ellos podemos distinguir los procesos pedagógicos en los que participaron los diversos actores (servidores públicos, autoridades electas y otros actores vinculados a la norma) al momento de aplicar las herramientas de gestión del conocimiento.